Por Agustín Hervás
Onda Cero Radio
Me desayunaba esta mañana con una sorprendente noticia, a la vez esperada. A Fernando Puche, empresario y socio mayoritario de la UTE que regenta la plaza de La Malagueta le han caído dos años de cárcel y más de 33 millones de euros de multa.
Sépase que en este país, estado de derecho, la justicia aunque lenta, funciona. Más temprano o más tarde, como en este caso, por San Martín, ya saben lo que le cae a ese animal que el mundo musulmán no tolera.
Deberíamos darle, antes de las consideraciones, al Cesar lo que es del Cesar. A finales de la década de los noventa llegó a Málaga un joven policía con ganas de trabajar. Ya saben que es connatural al funcionariado el acomodo, de ahí que resalte lo de joven. El policía que tenia ganas de demostrar su valía tomó un caso, de esos que ningún veterano quiere por ser considerado patata caliente, y dio con un filón. Trabajó, investigó y se lo curró tanto que al cabo de varios meses la cosa derivó con los huesos del empresario en chirona, porque en la Península Ibérica se fumó mucho rubio libre de impuestos, para lo cual se necesitó de una pléyade de vendedores semafóricos que, circunstancias casuales, desaparecieron de las ciudades cuando se supo del enchiqueramiento del empresario malagueño. La maquinaria expendedora de tabaco dejó de funcionar, a la par que se puso en marcha la de salvación. Entonces una campaña de difamación contra el buen ejercicio de la policía se puso en marcha hasta que un juez cerró el caso del contrabandista Puche, que como es obvio quedó en libertad. Pero como hay Dios, y hombres que creen en su justicia, un fiscal que no vio claro aquella supuesta trama de ingeniería judicial, reabrió el caso que finalmente se vio en la Audiencia Nacional en septiembre pasado y del que deviene esta sentencia que comentamos. Se ha demostrado pues la culpabilidad de Fernando Puche y otras dos personas más en este asunto del contrabando de tabaco, y se ha demostrado una vez más que la policía es el mejor aliado que tenemos los ciudadanos para librarnos de los sinvergüenzas.
Después de saber la noticia he consultado a varias fuentes jurídicas y policiales para aportar un poco más de luz a esta sentencia, y todas coinciden en que no conociéndola en su exactitud no se puede afirmar nada concluyente, pero por similares casos que sentaron jurisprudencia se opina que Fernando Puche no entrará en prisión, eso suponiendo que no tenga antecedentes penales sin cancelar, y según se me informa, el Código Penal en su artículo 80 dice que la aplicación de la suspensión de la pena se deja al criterio del Juez.
Otra de las condiciones que especifica el Código para aplicar la suspensión de la pena es que tenga satisfechas las responsabilidades civiles dimanantes del procedimiento. Es decir pagar unas cantidades de dinero que en primer lugar satisfagan dichas responsabilidades y en segundo lugar satisfagan el pago de la multa. Pero esto también lo deja a criterio del Juez.
Según se rumorea por las esquinas de Málaga no parece que Puche disponga del dinero que le piden en la sentencia, ni tan siquiera por algunas de las propiedades que al parecer posee en Miami en dónde podría fijar su residencia en ¿un futuro?. Como también es preceptivo, si el empresario malagueño no pagara las cantidades reclamadas, se procedería al embargo de sus bienes para cubrirlas.
Convendría no perder de vista una practica que con demasiada frecuencia se suele realizar en estos escabrosos asuntos. A saber, la de poner sociedades y bienes a nombre de otras personas, léase "testaferros", porque si se hace cuando el proceso se inició puede ser constitutivo de un delito de alzamiento de bienes.
Quien sabe de leyes y ha hojeado lo que de la sentencia se ha filtrado, parece ser que se le ha aplicado la atenuante de "dilaciones indebidas" pues el proceso tardó once años en tramitarse.
A tenor de la información sabida sobre la sentencia, a la afición le interesa la cuestión de una posible rescisión del contrato de la plaza de toros por parte de la Diputación, como propietaria del inmueble, pero según las fuentes que he consultado lo justo, "en puridad", dicen los legos, debe esperarse a que la sentencia sea firme, y eso aunque existe el precedente de la plaza de Madrid que se la quitaron a Fidel Sanromán, uno de los implicados en el caso Malaya. Y se considera sentencia firme cuando contra ella no quepa recurso alguno.
Sépase que Fernando Puche puede recurrir en casación ante la sala segunda del Tribunal Supremo, que viene a tardar unos dos años en los supuesto, como este, en el que los condenados en primera instancia están en libertad. Luego quizás si se viera necesario, podría recurrir al Tribunal Constitucional.
Este caso no viene precisamente a dar luz a la verdadera dignidad de la fiesta que en contra de bastantes opiniones, muchos aficionados perseguimos denunciando las desvergüenzas que en ella se comenten. Por el contrario echa más tierra a la credibilidad del buen nombre de la tauromaquia, y a la honradez del verdadero profesional, que harto de advenedizos, criticó la llegada de capitales oscuros a este negocio, del que se favorecieron los taurinitos a través, por ejemplo, de los montajes del 33 %, de la conquista de plazas al canon más alto por los nuevos ricos que se convirtieron en empresarios y que jamás pertenecieron al gremio, y aceptaron pagar los arrendamientos altísimos, impuestos por las propiedades de las plazas que consideraban que se podían pagar, en tiempos de bonanza, creando también una burbuja taurina que ahora nos está pasando factura.
La nueva Diputación que surja de las próximas elecciones Municipales debería acomodar el próximo pliego de arrendamiento de la plaza al crédito que merece la honradez histórica de los que dejaron su sangre y esfuerzo por esta fiesta evitando la incertidumbre del que se agazapa en exageradas cuentas bancarias.
¡Ah, y otra cosa! En Estepona se oye que José Tomás ha ordenado que Conde no cierre ni un cartel. ¿Reaparecerá en Málaga? ¿Lo verá Puche en su esquina del burladero de callejón?
No hay comentarios:
Publicar un comentario