ALEGACION TERCERA

ALEGACION TERCERA
Por Agustín Hervás
Onda Cero
Tribuna de Salamanca

El director general de espectáculos públicos de los andaluces, José Antonio Soriano, ha dicho en un foro nutrido de buenos aficionados que ni este reglamento ni ningún otro sirven para nada si no es el sentido común el que domine para regir y ordenar este espectáculo de masas a menos (esto lo digo yo), por conceptuarse en los últimos tiempos como elitista y nada popular como otrora lo fue véanse las entradas de sol.
Hemos de tener cuidado con el sentido común porque en todos los ordenes en los que se aplica la experiencia dice que es el más común de los sentidos y por lo tanto nada infalible. Si es el sentido común el que debe imperar en la fiesta también lo podría ser en el código de la circulación o en la Constitución Española, y sin embargo no, nada debe dejarse al sentido común sino que debe ser reglamentado con cabeza buscando sólo la defensa de dos sectores mal posicionados en este nuevo proyecto: El del toro y el del aficionado y después el sentido común.
Pudiera parecer que pensando en el toro se llevó a cabo la experiencia sevillana de que los presidentes con sus equipos veterinarios reseñaran los toros de la pasada feria, en el campo, para evitar trasiegos de camiones. Pero sin embargo la verdad es que el favor se lo llevan los empresarios ya que si este reglamento entra en vigor como así se pretende, serán los presidentes de los festejos los que les elijan los toros. No es competencia del presidente escoger las reses en el campo, es el empresario quien presenta las reses. Si el empresario presenta toros inapropiados para la plaza el presidente debe rechazarlos con lo que el trasiego de camiones es solo responsabilidad del organizador. Los taurinitos han convencido a la administración regional (y ojo con las otras autonomías, ejemplo la de Aragón), para que se pringue en un negocio que en realidad sólo compete a quien se juega los cuartos. Mala será la hora en la que la administración pase a defender intereses privados en detrimento de los del publico.
Lo he defendido siempre y hasta ahora mismo no he encontrado razones por las que se tengan que echar a los policías del palco. Sé que no corren buenos tiempos para los defensores de la ley y del orden, personas cuya principal actividad es proteger a los ciudadanos y no son buenos tiempos porque el poder instituido ha oído las voces de los taurinos diciendo que ellos no son delincuentes y que no tienen porqué estar supeditados a una autoridad policial. Ya tengo manida mi tesis y no pienso aburrir más, sólo sé lo que dicta la experiencia de la historia y lo que significa estar o no, revestido de autoridad para que ningún mangante de los que suelen circular por estos pagos se le suba a las barbas a un presidente. Para el presidente laico no es suficiente la autoridad que le da el reglamento si no que además sería necesaria la que le da su profesión porque la aumentaría ante la sociedad y ante un juez si llega a ser el caso. Un ejemplo reciente es lo ocurrido en el caso Roquetas que por ser Guardias Civiles tienen doble responsabilidad en la muerte del ciudadano.
Se me ocurre que teniendo a un presidente laico en el palco pudiera suponer un conflicto entre el delegado, que sí será policía y experto en seguridad u otras cuestiones relativas al orden publico, y el presidente al que no se le supone ser necesariamente una persona ecuánime ni con sentido común, por lo que entiendo y esta es la base de mi tesis, que el presidente laico está revestido de menos autoridad que si fuera otro revestido por cargo y profesión de la innata a los defensores de lo público.
La aplicación del actual reglamento nacional y las agresiones a las que ha sido sometido por falta de sentido común, pero sobre todo por falta de criterio, nos está diciendo que el nombramiento de los presidentes suele recaer en amigos de la autoridad, de los alcaldes o de los profesionales más o menos retirados o alejados de este negocio. No conozco en ninguna plaza española a nadie totalmente aséptico capaz de hacer valer su autoridad por encima de los interés del negocio taurino y en verdadera defensa del aficionado. En los corrales se cuecen tales artimañas para echar "palante" un festejo que de enterarse el gran publico otro gallo le cantaría e esta fiesta. Por eso sólo una autoridad revestida de poder por cargo o profesión, como la policía o la Guardia Civil, puede defender el interés del aficionado tantas veces excluido en este proyecto. La experiencia ha dicho que los delegados no se mojan por un presidente laico, cuanto mucho salvan su propia responsabilidad en el callejón y eso supondrá tarde o temprano un conflicto de intereses.